No hace falta reiterar que las palabras "justicia social" e "inclusión social" son ideas-fuerza que en la Argentina se encuentran inexorablemente ligadas al Peronismo. Es prácticamente imposible escucharlas en boca de cualesquiera de los referentes de la oposición, antes bien las rechazan o las envuelven con el remanido argumento del "clientelismo", y en el mejor de los casos con el "asistencialismo".
El Peronismo, hoy conducido por Cristina y antes por Néstor, volvió a poner el eje de la política sobre los pilares fundacionales del movimiento, los cuales habían sido abandonados y sustituidos durante la Presidencia de Carlos Menem, quien incluso llegó a disfrazar su neoliberalismo bajo una supuesta "economía social de mercado", concepto alusivo al Instituto de la Economía Social de Mercado, fundada por Álvaro Alsogaray, su aliado de entonces.
En rigor, la economía social de mercado hace referencia al modelo implementado en la Alemania Federal de la posguerra con los gobiernos socialcristianos de Konrad Adenauer y Ludwig Erhard, y tiene una distancia muy notoria respecto de las ideas neoliberales difundidas por estas tierras.
En algún discurso aislado, también Cristina utilizó el concepto de economía social de mercado cuando dijo: «Falta mucho todavía. Lo importante es saber lo que falta y saber cómo hacerlo. Para lo primero siempre hay anotados. Para lo otro, no tantos, porque hay que saber cómo hacerlo”, continuó CFK y ratificó la “economía social de mercado” como “una política de Estado” y generadora de empleo».
Ciertamente que el Peronismo nunca se propuso ―ni antes ni ahora― un Estado que anulara la economía de mercado, antes bien, siempre la incluyó. Por caso en la Constitución de 1949 quedaba establecido (en su art. 40) que
«La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios».
Tampoco el Kirchnerismo ha sido renuente a una economía de libre mercado, sin embargo ha tenido que toparse con la herencia de un país en llamas donde la estructura económica está caracterizada por la extranjerización, y existe un poder emergente de ella que tiene capacidad concreta para condicionar al poder político democrático.
Por estos días se conoció una entrevista inédita que le hicieron a Néstor Kirchner en el año 2002. Le preguntan por el rol del Estado y Kirchner dice: «Creo en el Estado promotor. Creo en que el Estado tiene que volver a tener todos los controles de los instrumentos macroeconómicos de la economía [...] No creo en las renacionalizaciones a ciegas, creo en la participación del Estado en las mismas inversiones que hicieron muchos grupos nacionales y extranjeros [...] Una nación sin Estado es una nación que no existe. No hay que tener vergüenza del Estado...».
Si se analizan los pasos iniciales del Kirchnerismo se observa que las estatizaciones que se llevaron adelante tuvieron más que ver con la urgencia en brindar respuesta a los problemas sociales generados por la caída de la convertibilidad. Sólo desde una visión sesgada podría sostenerse la puesta en marcha de un sistema de planificación centralizada del estilo soviético. La realidad es que fueron acciones muy moderadas sobre la estructura económica; algunas de ellas a saber:
* La rescisión del contrato de concesión de Correo Argentino en 2003 (que estaba en manos de SOCMA-Macri);
* La anulación del contrato de concesión del control de espacios radioeléctricos en 2004 (en manos de los franceses de Thales Spectrum), que permitió monitorear y cobrar la tasa a usuarios privados del espacio radioeléctrico que utilizan las radios de AM y FM, la telefonía celular y los canales de televisión;
* La creación de ENARSA (empresa estatal Energía Argentina SA) para intervenir en el mercado de bienes energéticos y en la cadena productiva de hidrocarburos, petróleo y gas.
* La anulación del contrato de concesión del Ferrocarril San Martín (controlada por Sergio Taselli).
Luego de las elecciones de medio tiempo del 2005 ―donde Cristina batió a Chiche Duhalde y desplazó al peronismo conservador que se oponía a esos cambios― el Frente para la Victoria, acumuló suficiente legitimidad y con ella introdujo más cambios.
* La anulación del contrato de concesión de Aguas Argentinas -en manos del grupo francés Suez- y la creación de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), encargada de proveer del servicio de agua y cloacas a 11 millones de usuarios en la ciudad de Buenos Aires y en 17 partidos del conurbano bonaerense. El 90% en manos del Estado y el 10% en poder de los trabajadores por medio de un Programa de Propiedad Participada (marzo/2006).
* La recuperación y toma de posesión del astillero naval Tandanor (privatizado en 1991); la empresa volvió a la órbita estatal (estaba gerenciado por los propios trabajadores, luego de que el accionista mayoritario se presentara en quiebra). También aquí el Estado es dueño del 90% de las acciones y los trabajadores del 10% (abril/2007).
* El rescate de Aerolíneas Argentinas y Austral mediante la compra de las acciones de ambas compañías (septiembre/2008).
* La estatización de las AFJP (noviembre/2008): el Estado pasa a administrar el aporte de los 9.5 millones de personas que se encontraban en el sistema de privado, y se traduce en que $ 13.000 millones al año dejan de estar al servicio de la especulación financiera y pasan a sostener políticas públicas de inclusión social.
* La nacionalización de Fábrica Militar de Aviones (Córdoba) privatizada en la década del ‘90 y en manos de la empresa estadounidense Lockheed Martin (agosto/2009) que vuelve a propiedad del Estado por $ 67 millones.
* Son recientes las expropiaciones de la Compañía de Valores Sudamericana SA, ex Ciccone (Ley 26.761), del 51% de las acciones de YPF (Ley 26.741) en mayo de 2012 y la recuperación del Tren Sarmiento, cuyos resultados han sido eficaces para mantener la provisión de billetes y circulación monetaria, abastecimiento energético y servicio público de transporte ferroviario.
El Gobierno Nacional, con la actual conducción económica a cargo de Axel Kicillof, ha lanzado la importante iniciativa de "Argentina Digital" cuyo objetivo es generar un nuevo marco regulatorio para la estructura de las telecomunicaciones y la transmisión de datos que por un lado incentive la competencia y la calidad del servicio para los usuarios y por otro lado evite la formación de monopolios u oligopolios.
Una posible explicación es que el modelo económico que lleva adelante el Kirchnerismo es una versión renovada y mejorada del esquema alemán de la economía social de mercado (EMS), acorde a nuestro contexto latinoamericano, y que en realidad está muy lejos de las descalificaciones que lo comparan con los peores autoritarismos, intervencionismos y dictaduras del siglo pasado. Hay un ordoliberalismo Kirchnerista que no reniega de la economía de libre mercado pero que intenta ponerle orden al caos generado por las actuales tendencias anarcocapitalistas.
Por supuesto que este ordoliberalismo Kirchnerista tiene enormes distancias con el de la Alemania Federal de la posguerra dado que aquélla se asentaba sobre una estructura económica absolutamente distinta: la industria alemana, que fue fundamental según lo dijo Ludwig Erhard (ministro de economía de Adenauer y luego sucesor de éste).
No puede decirse lo mismo de nuestro país. Argentina está inmersa en la estructura económica y el poder resultante de la brutal transformación operada a partir de la dictadura y consolidada durante la década de la convertibilidad. Una descripción acertada de los economistas Azpiazu, Basualdo y Khavisse, señala:
Al respecto pocas dudas existen de que la historia argentina contemporánea revela un "antes" y un "después" cuya bisagra fue la política económica implementada por la cruenta dictadura militar. La interpretación analítica de la misma llevó a concluir que "como producto de un proyecto y una política acentuadamente centralizadores, excluyentes y marginadores se produjo la emergencia de un nuevo poder económico constituido por capitales de antigua existencia en el país pero que hoy ocupan el centro del proceso de acumulación: los grupos económicos nacionales y las empresas transnacionales diversificadas y/o integradas deviniendo su centralidad de sus activos en el país y de sus inversiones financieras en el exterior que los capacita para condicionar, por lo menos, el proceso económico global.
La sociedad argentina transita desde hace varios años por una crisis heterogénea y desigual que en forma creciente ubica en un extremo de la estructura económico-social al sector asalariado, con escasa participación en el ingreso, seriamente desplazado de la actividad productiva y con un sensible deterioro en sus condiciones de vida. En el otro, una fracción de los grupos dominantes originados en una estructura empresarial integrada y/o diversificada, aumentaron su control sobre los mercados y tienden a subordinar al Estado en su proceso de acumulación, con lo que adquirieron una gran capacidad para determinar el rumbo del proceso económico y social.
El endeudamiento externo constituyó uno de los mayores saqueos que registra la historia reciente de nuestro país [...] fue llevado a cabo por un reducido número de grupos económicos y de empresas transnacionales que impusieron las modalidades y el ritmo del endeudamiento externo, realizaron una fuga de capitales al exterior y, finalmente, traspasaron sus propias deudas al Estado. Como lo han demostrado los acontecimientos posteriores no se trataba de afirmaciones arbitrarias inspiradas en una visión apocalíptica. Todo lo contrario: parecería tratarse de un presagio que terminó superado por una realidad donde más de un tercio de los trabajadores están desocupados o subocupados y la mitad de la población ha quedado sumergida en la pobreza. (Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse: "El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80", Siglo XXI Editores, 2004).
El marco estructural dentro del cual debió ―y aun debe― moverse el Kirchnerismo torna imposible la implementación de una economía social de mercado tal como fue concebida y aplicada en Alemania Federal. Sin embargo es útil detenerse en algunos aspectos que sustentan esta corriente económica y su base ideológica, lo que nos lleva a las raíces intelectuales de ella. Sus padres conceptuales fueron un grupo de cristianos protestantes y católicos agrupados en torno al economista y fundador de la Escuela de Friburgo del ordoliberalismo, Walter Eucken (1891-1950), que observaron las distorsiones generadas por el modelo liberal clásico: bloques de poderes privados, formas de carteles, oligopolios y monopolios.
En sus «Principios de política económica», Eucken señala la necesaria complementariedad entre lo personal y lo estatal, entre la libertad y el ordenamiento, entre mercado competitivo y regulación político-económica. Nace así el concepto de orden o «pensamiento en órdenes» que insiste en la primacía del derecho, la exigencia de regulación de la economía frente al “orden espontáneo” defendido por los ultraliberales. En este aspecto insiste especialmente Eucken: no hay posibilidad de economía libre sin virtudes sociales. Eucken destaca la necesidad de una Constitución económica, en la que el derecho garantice “una economía duradera y digna del hombre”, en la que la responsabilidad del empresario sea ilimitada, para que su actuación resulte prudente y no cause daños a terceros.
Dentro de esta misma escuela, Wilhelm Röpke hace hincapié en la defensa de la pequeña empresa, del microcrédito frente al colosalismo, auspiciado por el capitalismo:
“El capitalismo es opuesto a la economía de mercado, porque ésta excluye los monopolios y oligopolios y exige agentes económicos pequeños, mientras que el capitalismo se apoya en aquellos y transfiere al poseedor del capital ingresos sin prestación propia”.
“El capitalismo no es otra cosa que aquella forma escoriada y corrupta que la economía de mercado ha revestido en los últimos cien años. Auténtica economía de mercado y organización de la competencia es cabalmente lo que nunca ha sido el capitalismo, por lo menos en los últimos 50 años y esto de una manera alarmante. Nuestro primer propósito, la organización de la competencia no tiene ni el más ligero carácter conservador, sino revolucionario. Su esencia es la política antimonopolista y anti colosalista, que aspira no a vigilarlos sino a acabar con ellos”.
“Nos apartamos igualmente del laissez faire. La economía social de mercado es un producto de la cultura, que coincide con la democracia política en la dificultad de su construcción. Su existencia exige que los seres humanos no sean simples competidores, productores, negociantes, sino simplemente seres humanos. La economía de mercado sólo se sostiene en una sociedad no comercializada”. (Wilhelm Röpke, Civitas Humana, 1956).
Röpke también defendió la existencia de un «Estado fuerte» coincidiendo con la idea del Estado total de Carl Schmitt, pero diferenciándose de éste al señalar que no se trata de un Estado intervencionista y omnipresente, sino de un «gobierno que tenga el valor de gobernar». «Lo que caracteriza al Estado verdaderamente fuerte no es la actividad proteica, sino su independencia de los grupos de interés y hacer valer inflexiblemente su autoridad y su dignidad como representante de la comunidad» (Wilhelm Röpke, "La crisis social de nuestro tiempo", pág. 246).
Hay que aclarar sin embargo que tanto el ordoliberalismo como el neoliberalismo parten de una concepción conservadora, por lo tanto no es casual que tengan en común varios de sus postulados económicos, especialmente lo relativo a la estabilidad de la moneda y precios, el rechazo a la inflación y al asistencialismo "populista":
«Según el ordoliberalismo, el Estado debe crear un adecuado ambiente legal para la economía y mantener un nivel saludable de competitividad a través de medidas que adhieran a los principios del libre mercado. En relación a esto, si el Estado no toma una posición activa para incentivar la competencia, emergerán monopolios (u oligopolios), que destruirán no sólo las ventajas del libre mercado, sino que posiblemente también afectarán la gobernabilidad, esto debido a que el poder económico también puede ser utilizado contra el poder político»
Aún así, en algún momento se le reconoció al ordoliberalismo como una tercera vía que abrevaba en la Doctrina Social de la Iglesia, según el análisis de un autor católico, Andreas Böhmler, en El ideal cultural del liberalismo: la filosofía política del ordo-liberalismo, Unión Editorial, Madrid, 1998.
El otro representante de la Escuela de Friburgo, Alfred Müller-Armack, fue quien a partir del ordoliberalismo plasma la idea fundamental de la Economía Social de Mercado (EMS), como un modelo sociopolítico básico fundamentándolo en la “combinación del principio de la libertad de mercado con el principio de la equidad social”. El marco referencial es el concepto de la libertad del hombre complementada por la justicia social, ideas desarrolladas con más precisión en su obra «Dirección económica y economía de mercado» (Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft), escrita en 1946. Esta breve fórmula conceptual, cuyo contenido tiene que ser aplicado tomando en cuenta las respectivas condiciones sociales de implementación política, consiste en una idea abierta y no como una teoría cerrada. Por un lado, este enfoque permite adaptar el concepto a las condiciones sociales cambiantes. Por otro lado, se pone de manifiesto que la dinámica de la ESM exige necesariamente una apertura frente al cambio social. Las aplicaciones y adaptaciones conceptuales no deben, sin embargo, contradecir o diluir la idea fundamental del concepto.
En las clases dictadas en el Collège de France (1978-1979) recopiladas bajo el título "Nacimiento de la Biopolítica", Michel Foucault comienza englobando al ordoliberalismo dentro del neoliberalismo y explica:
«Retomemos, si les parece, la temática del liberalismo alemán o del ordoliberalismo. Como recordarán, según esta concepción ―la de Eucken, Röpke, Müller Armack, etc.― el mercado se definía como un principio de regulación económica indispensable para la formación de los precios y, por consiguiente, el desenvolvimiento adecuado del proceso económico. Con respecto a ese principio del mercado como función reguladora imprescindible de la economía ¿cuál era la tarea del gobierno? Organizar una sociedad, establecer lo que ellos llamaban una Gesellschaftspolitik tal que esos frágiles mecanismos del mercado, esos frágiles mecanismos competitivos, pudiesen actuar y pudiesen hacerlo a pleno y de acuerdo con su estructura propia [...] esta Gesellschaftspolitik, ¿en qué consistía? En una serie de objetivos de los que ya les he hablado, que eran, por ejemplo, evitar la centralización, favorecer a las medianas empresas, sostener lo que ellos denominaban empresas no proletarias ―es decir, en líneas generales, el artesanado, el pequeño comercio, etc.― multiplicar el acceso a la propiedad, tratar de sustituir las coberturas sociales de los riesgos por seguros individuales y regular también los múltiples problemas del medio ambiente» (Clase del 21 de marzo de 1979)
Al repasar que en 1939 se constituye el Comité Internacional de Estudio para la Renovación del Liberalismo (CIERL) dice Foucault:
«Y en una de las intervenciones, ya no me acuerdo cuál, se propone como nombre para ese neoliberalismo que estaban tratando de formular la expresión muy significativa de "liberalismo positivo". Ese liberalismo positivo es, por lo tanto, un liberalismo interventor. Un liberalismo del que Röpke, en la Gesellschaftskrisis, que va a publicar poco tiempo después del coloquio Lippmann, dirá: "La libertad de mercado necesita una política activa y extremadamente vigilante". Y en todos los textos de los neoliberales encontramos esta misma tesis de que el gobierno, en un régimen liberal, es un gobierno activo, un gobierno vigilante, un gobierno interventor, y con fórmulas que ni el liberalismo clásico del siglo XIX ni el anarcocapitalismo norteamericano podrían aceptar. Eucken, por ejemplo, dice: "El Estado es responsable del resultado de la actividad económica". Franz Böhm dice: "El Estado debe dominar el devenir económico". Miksch dice: "En esta política liberal" ―la frase es importante―, "bien puede ser que la cantidad de intervenciones económicas sea tan grande como en una política planificadora, pero lo diferente es su naturaleza".
«Por consiguiente, la inquietud principal y constante de la intervención gubernamental [...] deben ser las condiciones de existencia del mercado, es decir, lo que los ordoliberales llaman el "marco".
«…en definitiva la intervención gubernamental debe ser o bien discreta en el nivel de los procesos económicos mismos o bien, por el contrario, masiva cuando se trata de ese conjunto de datos técnicos, científicos, jurídicos, demográficos ―sociales, en términos generales― que ahora serán cada vez más el objeto de la intervención gubernamental [...] Hasta aquí llegamos con las acciones conformes, acciones coyunturales y acciones ordenadoras en el plano del marco. Lo que ellos llaman organización de un orden del mercado, un orden de competencia» (Clase del 14 de febrero, pág. 161 y 162)
«La política social alemana se atiborró con una multitud de elementos, algunos procedentes del socialismo de Estado bismarckiano, otros de la economía keynesiana y otros más de los planes Beveridge o de los planes de seguridad tal como funcionan en Europa, de modo que, con respecto a ese punto, los neoliberales, los ordoliberales alemanes, no pudieron reconocerse por completo en la política de su país. Pero ―e insisto en estos dos puntos―, en primer lugar, a partir de ahí y del rechazo de esa política social, se desarrollará el anarcocapitalismo norteamericano, y segundo, es importante ver también que, pese a todo, al menos en los países que se ajustan cada vez más al neoliberalismo, la política social muestra una tendencia creciente a seguir ese camino. La idea de una privatización de los mecanismos de seguros, la idea, en todo caso, de que toca al individuo, gracias al conjunto de las reservas de que va a poder disponer, sea a título meramente individual, sea por intermedio de mutuales, etc., [protegerse contra los riesgos], ese objetivo es sin embargo el que vemos llevado a la práctica en las políticas neoliberales tal como las conocemos hoy en Francia. Esa es la línea de pendiente: la política social privatizada» (Clase del 14 de febrero de 1979, página 178 y 179).
Por supuesto que la deconstrucción que hace Foucault es mucho más compleja y tiene el mérito de haber analizado estas dos expresiones de la economía de mercado, distinguiendo el ordoliberalismo del neoliberalismo. Aunque desde las dos posturas se defiende el libre mercado, las premisas de partida son distintas. El fin último del neoliberalismo es el ‘laissez faire’. El ordoliberalismo, en cambio, entiende que el mercado libre crea desequilibrios indeseables, y consecuentemente acepta una mayor intervención del Estado como agente regulador y redistributivo.
En este punto me es imposible no asociar el análisis de Foucault y recordar las palabras de Cristina en la cumbre del G20 cuando pidió terminar con el "anarcocapitalismo" porque es evidente que se coloca en la vereda que concibe la necesidad de tener un Estado presente y regulador. Pero el éxito radica no sólo en un Estado presente sino también en una sociedad presente y participativa.
Tanto Erhard y en particular Müller-Armack, ya hicieron hincapié en la aceptación pública y la participación ciudadana como requisitos previos para el éxito del modelo socio-económico. Por ejemplo, Müller-Armack destacó que por más socialismo se refería al compromiso social para y con las personas. Igualmente, Ludwig Erhard, señaló que los principios de la economía social de mercado sólo podrían alcanzarse si el público estaba decidido a darles prioridad.
Para esto último, en el caso argentino, será fundamental el rol que tengan las organizaciones sociales, las agrupaciones políticas, y todas las formas de asociativismo.
En el otro extremo está ―bien lo señala Cristina― el neoliberalismo desatado en su forma de anarcocapitalismo, con el cual habrá de convivir Latinoamérica por bastante tiempo.
Para terminar, una tontería que llama la atención y se relaciona con los símbolos anarcocapitalistas, por ejemplo la bandera aurinegra, muy similar a la bandera rojinegra del anarcosindicalismo, su color negro representa el color clásico de la anarquía y el dorado representa el capitalismo de libre empresa, o el patrón oro, usado como moneda en el comercio no regulado por la intervención del Estado.
Estos colores que en la Argentina tienen una ligazón inequívoca con el PRO.
Por otro lado la bandera rojinegra característica del anarcosindicalismo
Estos colores que en la Argentina aparecen en los logotipos massistas del Frente Renovador a los que se agrega también el amarillo, bien podría interpretarse como la confluencia entre el anarcocapitalismo y el anarcosindicalismo.
Y ya para reirnos un rato, repasamos el símbolo anarcocapitalista Libertatis Æquilibritas ya sugerido para $ergio Ma$$a
En fin, si como dijo El Chivo Rossi en su momento la contradicción principal es «política versus corporaciones», el año que viene, cuando tengamos que decidir la sucesión de Cristina y amén de los candidatos, por debajo de todo, una de las contradicciones que estará planteada es entre el ordoliberalismo kirchnerista versus el anarcocapitalismo opositor.
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