El experimento, por ahora fallido en Brasil, no debería ser descartado en la Argentina con Ricardo Lorenzetti, cuyas últimas apariciones están en sintonía con el discurso "buitre-friendly" de que "las sentencias se tienen que cumplir, aquí y en cualquier país del mundo" siguiendo la curiosa línea negociadora de Maurizio Macri basada en que "hay que ir, sentarse en el tribunal de Griesa y lo que él termine diciendo, hay que hacerlo".
Los compañeros del blog Nestornautas, La Corriente Kirchnerista de Santa Fe, nos cuentan detalladamente las últimas andanzas del Presidente de la Corte Suprema (ver acá) que anda muy preocupado por el narcotráfico, el caballito de batalla que comenzó a utilizar este año en el discurso de apertura del año judicial.
Coincido con los compañeros santafesinos que Lorenzetti se sale de la vaina por incursionar en política aunque sin someterse a la dictadura de los votos. Esto último podría cambiar cuando el establishment termine de definirse por alguno de los integrantes del tridente que ―según sus propias encuestas y la Task Force de los Buitres― se reparten las preferencias electorales para el 2015 y darían por terminado el ciclo kirchnerista.
Este domingo, Horacio Verbitsky señala a Lorenzetti como la alternativa presidencial que miran con simpatía las mayores cámaras patronales y la revigorizada Iglesia Católica.
Parece que El Perro lee Nestornautas.
Es indiscutible, como dijo Cristina repitiendo la frase de la jueza Garrigós de Rébori que "nadie sale de abajo de una baldosa". Los casos jueces que saltaron de la política al Poder Judicial y viceversa son numerosos pero en el máximo Tribunal se pueden contar los de Salvador María del Carril que fue Vicepresidente de Urquiza hasta 1860, y luego Ministro de la Corte desde 1863. También José Figueroa Alcorta que fue Vicepresidente (1904), asumió la Presidencia en 1906 luego del fallecimiento de Manuel Quintana, y a partir de 1915 pasó a ser Ministro de la Corte. A la inversa es el caso de Luis Sáenz Peña que primero llegó a la Corte Suprema designado por Carlos Pellegrini en 1890, y luego, como consecuencia del pacto Roca-Mitre, fue electo Presidente de la Nación. Lorenzetti tendría que esperar una alquimia similar a ésta última.
El espacio nacional y popular según Artemio ronda el 33/35 por ciento de los votos convirtiéndolo en primera minoría, lo que sumado a la imagen positiva de Cristina y Kicillof que superan el 50 por ciento, es un cuadro de situación que, de mantenerse, debería empujar a los sectores concentrados a impulsar a Lorenzetti para que acompañe al candidato "friendly" de los mercados y buitres. El tema es con quién. Por ahora todos están estancados por distintos motivos.
Una estrategia de restauración conservadora que incluya al Presidente de la Corte Suprema no es descabellada. Lorenzetti integró la Comisión que proyectó la unificación de los Códigos Civil y Comercial, conoce los cambios introducidos y podría ayudar a bloquear la nueva normativa. Sus peculiares discursos de apertura del año judicial intentan imitar al Poder Ejecutivo cuando inaugura las sesiones ordinarias ante la asamblea legislativa; una burda puesta en escena porque en el trabajo de los tribunales no existe distinción, como sí ocurre en el Congreso con las sesiones ordinarias y extraordinarias previstas en la Constitución Nacional.
No se conoce que Lorenzetti o la Corte Suprema en su conjunto hayan impulsado formas transparentes de ingreso al Poder Judicial, antes bien, a través de meras Acordadas declararon "inaplicables" varias disposiciones de la leyes sancionadas por el Congreso (verbigracia las Acordadas 24/13, 25/13 y 26/13), con lo cual es absurdo que Lorenzetti haga homilías invocando el Estado de Derecho pues precisamente nada peor contra el Estado de Derecho que se deroguen leyes del Congreso a través de Acordadas.
Un muy buen artículo de Luciano Caparroz desmenuza esta situación:
«De acuerdo a lo expuesto más arriba, pensamos que la declaración de “inaplicabilidad” del art. 4 de la Ley 26856 y del art. 6 de la Ley 26857, a través de las Acordadas 24/13 y 25/13 de la CSJN, sin haber mediado un caso concreto, realizándose en abstracto y valorándose los profundos alcances (efectos temporales y personales) de la disposición “acordada”, configura una seria irregularidad dentro de la estructura del Estado de Derecho, donde a la CSJN se le adjudicó por “específica función” resolver “casos concretos” (conf. a la CN y a la ley 27) de acuerdo a un sistema de control de constitucionalidad difuso, y no se encuentra dentro de su alta misión (como cabeza de uno de los poderes del Estado), “inaplicar” (derogar) normas de alcance general dictadas por el Poder Legislativo de la Nación como si fuese un tribunal constitucional “concentrado” europeo.
La naturalización de la emisión de esta clase de acordadas puede tornarse muy peligrosa, pues, por ejemplo, en el supuesto de la Acordada 20/96, ésta fue prima facie dictada para proteger privilegios netamente corporativos del Poder Judicial».
Santiago O'Donnell, escribió en su Libro "Politileaks" que el presidente de la Corte Suprema es uno de los funcionarios públicos que más reuniones mantuvo con diplomáticos estadounidenses (pueden visitar su blog y el post correspondiente) algo que Lorenzetti no le desmintió al periodista y sólo aclaró el modo de financiar viajes y eventos por parte de la Corte.
El maridaje de Lorenzetti con la Embajada EEUU hace recordar al de Sergio Massa, y algo en común tienen. Por lo pronto Lorenzetti llegó a la CSJN de la mano de Nicolás Fernández, ex Senador Nacional de Santa Cruz, quien admite Lorenzetti me honra con su amistad. A su vez, el ex Senador fue quien apadrinó al Diputado Nacional por Santa Fe Oscar "Cachi" Martínez que rápidamente se pasó al massismo.
Así las cosas, Lorenzetti podría resumir el perfil "institucionalista-legalista" e incluso ambientalista que acompañe al candidato elegido por las corporaciones. Su predilección por las ONGs que hurgan información del Estado a través de amparos y el vínculo de Lorenzetti con el Grupo Vila-Manzano deberían ubicarlo al lado de Sergio Massa.
Bien recalca Verbitsky que la voluntad del actual gobierno (léase CFK) es incidir en la selección del candidato que le sucederá. Sucesión que será planteada en el contexto de confrontación con los fondos buitres y ―ahora también― con el Grupo Clarín por la falta de adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y si bien Lorenzetti firmó el fallo declarando la constitucionalidad de la Ley, tanto él como Highton de Nolasco incluyeron en ese fallo una hoja de ruta para que el Grupo Clarín siga resistiendo su aplicación.
La renovación de la Corte es un tema a tener en cuenta: Fayt se ha propuesto la misión de resistir hasta que la relación de fuerzas permita la llegada de algún sucesor formado en las escuelas de leyes y universidades anglonorteamericanas. Zaffaroni se irá a fin de año antes de cumplir 75 años (límite constitucional), y por los mismos motivos Highton de Nolasco debería irse en 2017. Petracchi falleció hace pocas horas dejando a la CSJN con los cinco (5) integrantes que prevé la Ley 26.183.
Con la partida de Zaffaroni la ocupación de esa vacante será bloqueada por la oposición en el Senado (algo de manual) ya que se necesitan dos tercios (2/3), situación que permitiría a Lorenzetti tener argumentos para quedarse en la Corte y evitar que funcione con sólo 3 integrantes.
Como ocurrió en los 90's, dentro del esquema de restauración que se proponen los poderes fácticos, el control del Poder Judicial es vital para legitimar políticas neoliberales que en última instancia habrán de llegar a la Corte Suprema. Sólo resta saber si Lorenzetti es más útil dentro que fuera de ella.
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