Halabi corrió el velo

Ernesto Halabi es el abogado que promovió la acción de amparo dando origen al leading case tratado por la CSJN in re "Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986".
Su apellido de origen árabe -cosas que uno sabe por compartir almohada con odalisca-, casi con seguridad proviene de Alepo (Siria) porque "Halab" es la palabra árabe con la cual es conocida esa ciudad. Justamente entre uno de sus platos típicos, las carnes a las brasas, está la Kebab Halabi algo así como "Carne a la parrilla de Halab". El mundo árabe nos remite a las odaliscas y a la danza de los 7 velos cuyo significado es místico y espiritual -al revés de lo que se piensa- no se vincula con la sensualidad o la seducción.

Bueno, Ernesto Halabi corrió un velo.
El 20 de mayo de 2009, El Dial Express publicó un artículo suyo donde nos invita a ver un poco más allá de nuestras narices:
"...lo que me llama la atención y lo que me motiva a redactar estas líneas, es que en ninguno de los artículos doctrinarios publicados desde el 24 de febrero último, fecha del fallo conocido como la ‘causa Halabi’... se haga mención al… motivo verdadero de su aprobación por el Parlamento… Sencillamente que las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones debían adquirir los equipos necesarios para captar las comunicaciones. En ninguno de los trabajos doctrinarios ni artículos periodísticos se ha señalado este aspecto crematístico de la ‘Ley Espía’. ¿Será porque acaso no tiene relevancia jurídica esa obligación? Pienso que no, que la tiene y es de gran importancia para entender que motivó al legislador a sancionarla y promulgarla… lo más importante de la 'causa Halabi' -desde el punto de vista interno- es que el pingüe negocio que sus inspiradores pensaron en realizar les fue desbaratado con la acción de amparo, y las tres sentencias que declararon la inconstitucionalidad de la Ley Espía y su decreto reglamentario, regalándonos además la Corte con el reconocimiento de la acción de clase…" (Cfr. elDial.com, Año XII, Nº 2782, 20 de Mayo de 2009, Comentario a fallo: "Lo más importante detrás de la "causa Halabi", por Ernesto Halabi).

Pero hay más. Halabi nos recuerda que en julio de 2003 (en la era Bush) dos funcionarios del Departamento de Estado Norteamericano (USA) junto a dos ejecutivos de las empresas proveedoras de los equipos para espiar, visitaron Argentina para convencer a las autoridades sobre la necesidad de "colaborar en la lucha antiterrorista".
"Por el resultado -la ley 25.873- parece que lo lograron", dice socarronamente Halabi cuando se refiere al poder de convencimiento de los estadounidenses. Ya estaba en vigencia la "USA Patriot", que había recortado garantías constitucionales permitiendo violar el derecho a la intimidad de los ciudadanos. El FBI podía interceptar y grabar conversaciones telefónicas, los tráficos de Internet, y recién luego de las 48 horas dar intervención a un juez, que no necesariamente era el del domicilio del espiado (entre otras "linduras" del país de la democracia y la libertad).
¿Cuál era la empresa?
Halabi apuntó a "ChoicePoint" que se hizo célebre en Florida porque su compañía subsidiaria "DBT" intervino en la errónea depuración del padrón electoral de ese Estado gobernado por Jebb Bush. Miles de votantes -principalmente afroamericanos- no pudieron sufragar y el resultado en ese distrito fue decisivo para que el hermano, George W. Bush, llegara a la Casa Blanca por decisión de la Suprema Corte. Tras los atentados del 11-S, "ChoicePoint" se convirtió en el mayor proveedor de información y datos personales.
"ChoicePoint" fue acusada de sustraer -entre 2001 y 2002- datos de diferentes organismos oficiales de países latinoamericanos los que posteriormente fueron vendidos a agencias estadounidenses para ser utilizados con fines policíacos. La CIA, el FBI, la ASN y otros tuvieron acceso a nombres, teléfonos, direcciones, números de seguridad social, estados bancarios, etc. de 300 millones de latinoamericanos que no viven en el territorio de los EEUU. En Argentina una denuncia penal quedó radicada en el Juzgado Federal a cargo de Norberto Oyarbide.
En México, "ChoicePoint" obtuvo y vendió información personal consistente en datos del padrón electoral, de pasaportes y licencias, incluyendo el ReNaVe (Registro Nacional de Vehículos) que estaba concesionado a la firma Talsud SA y era dirigido por el ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo cuyo juicio por delitos de lesa humanidad se está llevando adelante. En la contratación de Cavallo tuvo participación decisiva un funcionario mexicano de alto rango que apareció muerto en circunstancias poco claras.
En Colombia "ChoicePoint" desató otro escándalo al conocerse que vendió la información de millones de colombianos -lugar y fecha de nacimiento, pasaporte, sexo, descripción física, estado marital y profesión- a las agencias de EEUU.

Entonces, esta presencia de "ChoicePoint" se produce en un contexto muy particular.
Ese año (2003) habían tenido lugar las elecciones presidenciales que consagraron a Kirchner tras el retiro de Menem del ballotage. Desde la editorial de "La Nación", José Claudio Escribano aseveró que "la Argentina ha resuelto darse gobierno por un año". El kirchnerismo no existía. El nuevo Presidente había heredado el Congreso tal como estaba y recién en septiembre habrían elecciones legislativas.
Los casos de secuestro extorsivo venían en aumento y ese año llegarían a su punto más alto tal como se aprecia en el trabajo de investigación elaborado por la Procuración General de la Nación (MPF), ver cuadro de la página 298. Aunque Blumberg todavía no había entrado en escena, varios casos dramáticos -por caso el raid delictivo del "Oso" Peralta durante mayo de 2003- obligaron a sancionar la Ley 25.760 que acortaba los plazos procesales y le otorgaba al Fiscal la dirección de la investigación en esos delitos desplazando al Juez.
Según los registros de la Cámara de Diputados, el proyecto de Díaz Bancalari ingresó en julio pero se trató en Comisión recién en septiembre y se puede ver que hay bastante diferencia entre el proyecto original y lo que salió. Algunos pormenores se publicaron en Página 12 remarcándose la reunión entre el entonces presidente de la Comisión de Comunicaciones, Pablo Fontdevilla, con Norberto Quantín, secretario de Seguridad Interior, miembros de la SIDE, diputados y representantes de las empresas grandes de telefonía. Ahí "se consensuó otro texto que fue el que finalmente salió"
El proyecto se sancionó en tiempo record, en Diputados (26/11/2003) y en Senadores (17/12/2003), y si algún empujoncito necesitaban, hubo un caso de secuestro extorsivo producido ese año que aceleró la toma de decisiones porque los secuestradores -justamente- se valieron de correos electrónicos y telefonía celular.

Tras el fallo de la CSJN, Halabi volvió a remarcar que hubo la intención de hacer un negociado. Yo digo, conociendo que se refiere a "ChoicePoint" y sus distintas intervenciones (padrones electorales, datos de identidad, etc.), que también se abren otras conjeturas que pasan por el manejo de datos y su manipulación. Se me viene a la mente la palabra "voto electrónico" que muchas veces -insistentemente- algunos miembros de la clase política emparentan con la transparencia.

En noviembre de 2005, bajo el título "Lexis Lapsus", In Voce de Diario Judicial dio cuenta de una gran pifiada de LexisNexis publicando como un fallo verdadero lo que era un mero borrador de la Sala I de la Cámara del Crimen.
¿A que no saben quién compró "ChoicePoint"? Acertó: Reed Elsevier Inc., la misma corporación que es propietaria de LexisNexis, que como vimos en el post anterior abandonó sus operaciones en Argentina y Chile. Lo malo es que tampoco habrá que despreocuparse del único gigante de la información jurídica porque Thomson Reuters tiene su propia división para recolectar datos: "CLEAR Thomson Reuters". Todos estos "grandes hermanos" andan revoloteando bien silenciosos.

Tengo la impresión de que Halabi corrió un velo y desbarató algo más grande que un pingüe negocio.