Ley Antiterrorista y Ley de Defensa de la Democracia

Leo a Horacio Verbitsky en la subnota "De Terror" del Diario Página 12, y al constitucionalista pampeano Gustavo Arballo en su Blog "Saber Derecho" sobre la media sanción de la "Ley Antiterrorista".

Pequeño recordatorio para ambos:
El 13 de diciembre de 1983, tan sólo 3 días después de haber jurado y asumido, el Presidente Raúl Alfonsín firmó el mensaje del PEN acompañando el proyecto de Ley de Defensa de la Democracia que luego de los típicos cabildeos radicales se convirtió en la Ley 23.077 sancionada recién al año siguiente, el 22 de agosto de 1984. Las tortugas tardaron 10 meses o quizás no tenían mucho apuro en defender la Democracia. Vaya uno a saber.

Lo cierto es que la lectura del texto de la Ley de Defensa de la Democracia de Alfonsín contiene las mismas ambigüedades y vaguedades que se le achacan al proyecto de Ley Antiterrorista enviado por Cristina.

Dice Verbitsky:
«… el tipo penal que se crea es tan indeterminado y abierto que compromete el principio de legalidad. La ley debe ser clara y precisa al describir lo que se va a castigar y el bien jurídico que se protege. En este caso no lo es. La expresión “delitos dirigidos a aterrorizar a la población” es muy genérica y esto aumenta el riesgo de que las figuras penales sean utilizadas para criminalizar los conflictos sociales. …».

Dice Arballo:
«…la nueva parte final del "quinquies" no siempre será adecuada para contener la deriva punitiva que mezcla promiscuamente "terrorismo" con hechos de petición a las autoridades. Así, la racionalidad de fondo del proyecto no mejora mucho y se ve clarísimo el plumero de los "estándares internacionales" del GAFI…»

La Ley 23.077 de Defensa de la Democracia de Raúl Alfonsín dice:
El máximo de la pena establecida para cualquier delito será aumentado en un medio, cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional.
Esta disposición no será aplicable cuando las circunstancias mencionadas en ella se encuentren contempladas como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate.
(se incorporó como art. 227 ter del Código Penal).

Dice Creus:
«Extensión de la Agravante.- La disposición funciona como agravante de cualquier delito, no sólo de los relacionados con el título que estamos viendo; un delito contra las personas, contra la libertad, contra la propiedad y, por supuesto contra la seguridad común, puede recepcionar esta agravante. 
Así cuidó de aclararlo el mensaje del Poder Ejecutivo: 
"Se trata de una agravante de cualquier delito, lo que reconoce el hecho de que el fenómeno terrorista [ya expusimos nuestros reparos a tal calificación] adquiere múltiples modalidades. Ese fenómeno puede instrumentarse no sólo a través de los hechos de violencia, sino también de fraudes, apoderamientos, abusos de confianza, desviaciones de la función pública, etcétera", aunque difícilmente se dé en "hechos ajenos a la conducta usualmente calificada como terrorista. 


Por ejemplo, un homicidio sólo se subsumirá en la agravante cuando por las características de la víctima, sus repercusiones sociales, el contexto en que es cometido, etc., es de temer, fundadamente, que esa muerte incremente el riesgo de que ocurra, por ejemplo, un golpe de Estado, o una toma del poder por grupos facciosos o la desprotección generalizada de ciertos derechos, o una abstención o renuncia de ejercer actos propios de la función pública que hacen centralmente a la eficacia de la Constitución". 


Por supuesto que, tratándose de una agravante, exígese un "doble encuadramiento típico... No basta atacar la vigencia de la Constitución, debe hacerlo a través de un acto que constituya delito con independencia de aquel resultado" (mensaje del Poder Ejecutivo)»
(Carlos Creus, Derecho Penal, Parte Especial, tomo 2, pág. 190).

Dice Edgardo Donna:
«La agravante, agregada por el artículo 10 de la ley 23.077, no contiene una acción en concreto sino los alcances de la acción, que incluye cualquier delito y no sólo a los que están en el título que estudiamos. El mensaje del Poder Ejecutivo decía: "Se trata de una agravante de cualquier delito, lo que reconoce el hecho de que el fenómeno terrorista adquiere múltiples modalidades. Ese fenómeno puede instrumentarse no sólo a través de los hechos de violencia, sino también de fraudes, apoderamiento, abusos de confianza, desviaciones de la función pública, etcétera"»
(Cfr. Edgardo A. Donna, Derecho Penal, Parte Especial, tomo II-C, pág. 474)

Hablando de ambigüedades y vaguedades ¿qué es poner en peligro la Constitución Nacional o el Sistema Democrático?

Los otros artículos de Ley de Defensa de la Democracia de Alfonsín dicen:
«Serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, deponer alguno de los poderes públicos del Gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales.
Si el hecho descrito en el párrafo anterior fuese perpetrado con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático de Gobierno, suprimir la organización federal, eliminar la división de poderes, abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la Nación, la pena será de ocho a veinticinco años de prisión.
Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilación militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio.»
(se incorporó como art. 226 del Código Penal).

El que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas previstas en el Artículo 226, será reprimido con prisión de uno a cuatro años.
(se incorporó como art. 226 bis del Código Penal).

¿Qué es "pública e idóneamente"? ¿Salir en TN? ¿Blandir un cuchillo tramontina?

El derecho no es solo norma, sino también realidad social. Toda norma jurídica está destinada a actuar en el plano de la realidad y en un contexto socio-económico-político determinado.

Entonces, hagamos un poco de revisionismo histórico y soberanía intelectual sobre el primer Ministro de Economía del retorno a la Democracia que fue Bernardo Grinspun:

Al asumir el cargo la Argentina enfrentaba una seria crisis de la deuda externa que se extendía a los principales países de América Latina. Grinspun […] ejecutó una política de confrontación con el Fondo Monetario Internacional, ordenando auditar la deuda externa y con el fin declarado de declarar la nulidad de la deuda ilegítima. La exteriorización más notable de esa estrategia fue la organización del llamado "Club de Deudores" que intentó tomar forma con el Consenso de Cartagena. La presión de los acreedores, el FMI y los Estados Unidos, logro hacer fracasar estas iniciativas. 


El enfrentamiento de Grinspun con el FMI ha sido reflejado en una anécdota cierta en la cual aquel le dice al enviado del organismo internacional: "¿Querés que me baje los pantalones?, me los bajo", y procedió literalmente a bajarse los pantalones. 


Como Ministro de Economía, Bernardo Grisnpun intentó aplicar una clásica política keynesiana fundada en los principios cepalianos de la Teoría de la Dependencia, orientada a fortalecer el mercado interno, mediante el aumento de salarios y el control de las tarifas de los servicios públicos y políticas públicas como el Plan Alimentario Nacional (PAN), y el control de un tipo de cambio alto. El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, así como la oposición activa de los grupos de poder, determinaron el fracaso del plan económico de Grinspun. La inflación, que 15 meses después de haber asumido había alcanzado una tasa de 626%, marcó el fin de su gestión, siendo reemplazado en el cargo por Juan Vital Sourrouille.

Después ya sabemos lo que pasó con el Plan Austral y el Plan Primavera, la Hiperinflación y el Dólar en 1989 ¿no cierto?

Alfonsín tenía las herramientas legales para defender la independencia económica de la Nación y no lo hizo. Prefirió pedirle a las corporaciones que lo dejaran "llegar a Diciembre" y esas corporaciones le devolvieron -Magnetto mediante- la respuesta de "Ustedes ya son un estorbo".

Por eso, cuando Luis Majul todavía estaba en el periodismo, escribió el libro "Por qué cayó Alfonsín: el nuevo terrorismo económico.

Por eso hay preocupación en dos importantes Diarios:

"Las corridas cambiarias se considerarían terrorismo"
(Suplemento Económico de Diario Clarín).
"Advierten que el Gobierno busca atemorizar al que compre dólares"
(Suplemento Económico de Diario Clarín).
"Por la ley antiterrorista, podrán encarcelar empresarios por "manipular el mercado"
(Diario La Nación).

Por eso está histérico el constitucionalista de la democracia deliberativa, Rodolfo Galimberti — RG —, acusándonos de fascistas, porque él toma a su cargo la tarea de aportar argumentos jurídicos y constitucionales "de izquierda" para encubrir y proteger los intereses de los grupos económicos concentrados.

Ningún dirigente social o político o sindical mira el Código Penal a la hora de organizar una movilización o protesta. Son gente grande y no "mariconea" ni se asusta con las leyes penales porque conocen perfectamente los riesgos que importan las luchas y reclamos sociales y sindicales.

Cristina no es Alfonsín.
Van a tener que transpirar muchachos, van a tener que dejar de usar a las organizaciones sociales como escudo protectorio de sus intereses económicos.